Santiago Peña enfrenta un juicio político tras la caída de Ueno Bank
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó la acusación contra el presidente por 78 votos. El Senado inició el proceso por presunto mal desempeño de sus funciones, mientras una renuncia que no llegó a formalizarse mantiene al mandatario en el cargo. La crisis bancaria también afecta a los depositantes y abrió investigaciones penales.
Paraguay atraviesa una crisis política y financiera que puso en discusión la continuidad de su presidente, Santiago Peña. La Cámara de Diputados aprobó el jueves 5 de noviembre, con 78 votos favorables, la acusación para someterlo a juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones, después de que el Banco Central ordenara iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank.
El Senado se constituyó como tribunal juzgador y convocó al mandatario para ejercer su defensa este viernes 6, a las 10:00. La decisión definitiva todavía está pendiente y puede derivar en su destitución si reúne la mayoría constitucional exigida.
Peña había presentado su renuncia durante la jornada del jueves, pero la sesión conjunta convocada para tratarla quedó sin quórum. Como consecuencia, el alejamiento no se formalizó y el mandatario permanece en ejercicio de sus funciones.
La sucesión presidencial también quedó condicionada por esta situación. Aunque el vicepresidente Pedro Alliana podría asumir si se produce una vacancia, el procedimiento constitucional todavía no completó esa instancia. Diputados, además, rechazó una acusación separada que buscaba someter al vicepresidente a juicio político.
Cómo una crisis bancaria llegó hasta la Presidencia
El origen inmediato del conflicto está en Ueno Bank, una entidad financiera paraguaya cuya situación patrimonial quedó bajo intervención de las autoridades monetarias.
El Banco Central del Paraguay dispuso el 2 de noviembre iniciar su procedimiento de resolución, decisión comunicada públicamente al día siguiente. Según el organismo, los ajustes efectuados a los estados financieros revelaron que el índice de solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo legal requerido.
El procedimiento se desarrolla bajo la Ley 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras. Su finalidad es establecer la situación patrimonial, administrar los activos y proteger los derechos de los depositantes conforme a los mecanismos legales.
La decisión provocó restricciones sobre los fondos de los clientes y preocupación por los depósitos de organismos públicos. Entre los recursos bajo cuestionamiento aparecen colocaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), cuya magnitud, legalidad y condiciones forman parte del debate político y de las investigaciones.
La acusación aprobada por Diputados sostiene que Peña incurrió en un presunto conflicto de intereses por su anterior participación en Ueno Holding, conglomerado vinculado con la entidad bancaria. También cuestiona la designación de Carlos Carvallo, antiguo directivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central.
Otro punto del escrito legislativo es el presunto incumplimiento de límites normativos en la concentración de fondos públicos depositados en Ueno Bank. Estas son imputaciones políticas formuladas por los legisladores, no conclusiones judiciales sobre la responsabilidad del presidente.
En paralelo, el Ministerio Público paraguayo imputó el 4 de noviembre a 27 personas vinculadas con Ueno Bank y empresas relacionadas. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en operaciones crediticias, documentación financiera y administración de activos. Las imputaciones no constituyen condenas.
El 5 de noviembre, la Fiscalía General abrió otras tres causas relacionadas con la supervisión del banco, el manejo de fondos públicos y actuaciones de autoridades y exautoridades estatales. Estas investigaciones deben distinguirse del juicio político, que tiene naturaleza y consecuencias diferentes.
Qué puede ocurrir con los ahorros y con el Gobierno
El Banco Central informó que los depósitos cuentan con una garantía legal de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y entidad financiera. Al momento del comunicado del 3 de noviembre, ese límite equivalía a 228,3 millones de guaraníes.
El organismo también comunicó mecanismos de pagos parciales. Para una primera etapa identificó a depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con Ueno Bank y con cuentas habilitadas en otras entidades financieras. Los siguientes grupos serán incorporados conforme avance el procedimiento y se informen sus condiciones.
La existencia de la garantía no significa que todos los ahorristas hayan recuperado inmediatamente su dinero. Tampoco determina, por sí sola, el resultado final de la liquidación de activos o de las investigaciones.
El Banco Central sostuvo que la situación de Ueno Bank corresponde a un caso particular y no debe interpretarse automáticamente como una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.
En el terreno institucional, el juicio político se desarrolla conforme al artículo 225 de la Constitución paraguaya. La Cámara de Diputados formula la acusación y el Senado tiene la responsabilidad de juzgarla.
Para destituir al presidente se necesitan dos tercios de los 45 senadores, equivalentes a 30 votos. El cronograma legislativo contempla la presentación de la defensa, la evaluación de pruebas, los alegatos y una votación final.
Peña manifestó que ejercerá su derecho a defenderse y que presentará argumentos y pruebas ante las instituciones. El proceso debe garantizar ese derecho, con independencia de la gravedad de las acusaciones.
El Congreso prevé continuar las sesiones durante este viernes y podría llegar a una votación definitiva en la jornada, aunque el calendario depende del desarrollo de las actuaciones.
Hasta que exista una resolución formal, Peña sigue siendo presidente de Paraguay. Su eventual destitución, la recuperación de los depósitos afectados y las responsabilidades penales investigadas permanecen como cuestiones distintas y pendientes de decisión.