Salta podrá obtener US$100 millones y refinanciar otros US$150 millones
La Provincia promulgó dos leyes que habilitan operaciones por hasta US$250 millones. Una permitirá buscar US$150 millones para afrontar vencimientos del Plan Bicentenario y la otra autoriza un préstamo de hasta US$100 millones del BIRF para infraestructura y desarrollo económico.
El Gobierno de Salta promulgó las dos leyes aprobadas por la Legislatura que habilitan al Ejecutivo provincial a avanzar con operaciones de financiamiento por hasta US$250 millones.
Los montos corresponden a dos mecanismos diferentes y no deben interpretarse como un único paquete de deuda nueva destinado a obras.
La Ley 8553 autoriza a la Provincia a emitir títulos de deuda denominados en dólares por hasta US$150 millones y colocarlos en el mercado local de capitales.
Ese dinero tendrá un destino específico: pagar capital e intereses pendientes del Título Público Plan Bicentenario, emitido en 2016. Los vencimientos alcanzados corresponden a diciembre de 2026 y junio y diciembre de 2027.
La norma permite que el nuevo título sea emitido en una o más clases o series. Las condiciones definitivas de la operación, entre ellas sus términos financieros, deberán establecerse durante la instrumentación.
La Provincia también quedó habilitada para garantizar los pagos mediante recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Otros US$100 millones para infraestructura
La segunda operación corresponde a la Ley 8554, que autoriza al Ejecutivo provincial a acceder a un préstamo de hasta US$100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, organismo perteneciente al Grupo Banco Mundial.
Los fondos serán destinados al proyecto denominado Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo.
La ley establece que el programa deberá mejorar el acceso a infraestructura resiliente y fortalecer capacidades vinculadas con el desarrollo económico, la minería y sectores relacionados.
El financiamiento tendrá un plazo de amortización de 32 años, con siete años de gracia y un período de desembolsos de seis años. Los pagos también podrán ser garantizados con recursos de la Coparticipación Federal.
Las dos leyes fueron promulgadas mediante los decretos 612/2026 y 613/2026.
La autorización legal no significa que los US$250 millones ya hayan ingresado a las cuentas provinciales. En el caso de los US$150 millones, todavía debe instrumentarse y colocarse el nuevo título. Para los otros US$100 millones deberá concretarse el financiamiento con el BIRF y ejecutarse posteriormente el cronograma de desembolsos correspondiente.
La diferencia resulta central: una de las operaciones busca administrar vencimientos de una deuda existente, mientras la otra habilita financiamiento para un nuevo programa de infraestructura y desarrollo económico.