Salta exoneró en 2026 a cuatro policías condenados en 2019
El Gobierno de Salta dispuso la exoneración de cuatro integrantes de la Policía provincial que habían sido condenados en diciembre de 2019 por vejaciones agravadas por el uso de violencia. El hecho que originó la causa ocurrió en octubre de 2018.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 588/26, firmado el 16 de septiembre y publicado este lunes 21 en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los exonerados son Franco Nahuel Flores, Enzo Lucas Emanuel Quipildor, Pablo Hernán Castillo y Gabriela Yanina Arjona. La decisión implica su destitución de la fuerza y la pérdida del estado policial.
El expediente administrativo se inició a partir de un episodio ocurrido el 3 de octubre de 2018. Según reconstruyó el decreto, los cuatro efectivos alcanzaron y agredieron físicamente a un hombre que intentaba retirarse del lugar. Las lesiones requirieron su internación en el Hospital San Bernardo.
La causa llegó a juicio al año siguiente.
La condena fue dictada en diciembre de 2019
El 10 de diciembre de 2019, la Sala IV del Tribunal de Juicio condenó a los cuatro policías a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La Justicia los encontró responsables del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia. También les impuso reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, mantenerse bajo control del organismo correspondiente y no acercarse a la víctima.
Después de la sentencia continuó el procedimiento administrativo dentro de la Policía.
El decreto publicado ahora señala que las actuaciones internas calificaron las conductas como faltas muy graves y que Fiscalía de Estado no formuló objeciones a la aplicación de la sanción expulsiva.
La decisión final del Poder Ejecutivo fue disponer la destitución por exoneración de los cuatro agentes.
Entre el hecho investigado y la exoneración transcurrieron casi ocho años, mientras que desde la condena judicial pasaron más de seis. La documentación consultada permite establecer esas fechas, pero no atribuir todo ese período exclusivamente al trámite administrativo.
Con la publicación del Decreto 588/26, la expulsión quedó formalizada y los cuatro condenados dejaron de integrar la Policía de la Provincia.