Quieren prohibir los energizantes a menores pero admiten que no pueden controlarlo
Un plenario en el Concejo Deliberante analizó el proyecto. Funcionarios municipales dijeron que la fiscalización en los comercios es de muy complejo control y que hoy no existe normativa específica sobre estas bebidas.
Cómo hacer para que un chico de menos de 18 años no compre una lata de energizante. Esa pregunta atravesó el plenario que se hizo en el Concejo Deliberante de Salta para analizar el proyecto que propone prohibir la venta de esas bebidas a menores. Hubo respaldo al objetivo y, al mismo tiempo, advertencias de los propios funcionarios sobre las dificultades para hacerlo cumplir.
El planteo sanitario lo llevó la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Salta. Su representante, Luis Cataldi, enumeró lo que el consumo de energizantes puede provocar en niños y adolescentes: insomnio, ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, riesgo de adicción, taquicardia y aumento de la presión arterial. «Un chico que no duerme bien, que no tiene buen descanso, no rinde bien en el colegio», sostuvo, y respaldó la iniciativa.
La Policía sumó un problema distinto al del consumo aislado: la mezcla con alcohol. Juan Albornoz, jefe del Departamento de Medicina y Química Legal, cuestionó la idea de que estos productos son inocuos y lo explicó en una frase: «El alcohol es depresor y el energizante es estimulante». Hernán Garzón, director general de Asuntos Jurídicos de la fuerza, agregó que esa combinación puede producir accidentes y favorecer la comisión de contravenciones.
El punto donde el proyecto se traba es el control. El director general de Control Comercial, Joaquín López Viñals, fue directo: «Se trata de una situación de muy complejo control». Pidió además que la regulación no derive en «una nueva burocracia en términos de permisos» y planteó que debería ir acompañada de campañas de concientización que cambien las conductas. En la misma línea, el director de Habilitaciones Comerciales, Francisco Lira, reclamó mecanismos que no agreguen obstáculos administrativos.
Sobre la mesa apareció una alternativa concreta. El secretario de Hacienda municipal, Facundo Furió, propuso que al momento de habilitar un comercio se informe la prohibición y las consecuencias de incumplirla. Y planteó llevar después la discusión a la Legislatura provincial, para ampliar las herramientas de control y habilitar la intervención policial. Es decir: el municipio reconoce que con una ordenanza sola no le alcanza.
Detrás de todo eso hay un vacío que señaló la propia Policía. Según Garzón, hoy no existe una normativa específica sobre bebidas energizantes. Por eso planteó que una eventual ordenanza tendrá que establecer con claridad cuál será el organismo responsable de aplicarla, algo que en la discusión todavía no está definido.
Del plenario no surgió una definición. No se informó de quién es el proyecto, qué sanciones prevé ni sobre quién recaerían, si sobre el comercio que vende o sobre quién compra. Tampoco hay fecha para su tratamiento en el recinto.