Nación llamó delito al bagayeo, pero la ley distingue casos
El subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto, defendió los controles del Plan Güemes en Aguas Blancas y sostuvo que el contrabando debe dejar de ser considerado una fuente laboral. El Código Aduanero, sin embargo, distingue entre delitos e infracciones de contrabando menor según las características de cada caso.
El Gobierno nacional defendió el despliegue de fuerzas federales en la frontera con Bolivia después de los últimos enfrentamientos registrados entre efectivos de Prefectura y personas dedicadas al traslado de mercadería en la zona de Aguas Blancas.
Martín Culatto, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una mayor formalización de la economía fronteriza y reducir el ingreso irregular de productos al país.
Durante una entrevista con Radio Salta, el funcionario afirmó que el contrabando “es un delito y no es un trabajo”. También reconoció que reemplazar las actividades informales por empleo formal requiere un proceso que involucre a Nación y Provincia y que no puede resolverse de manera inmediata.
La declaración respondió a los cuestionamientos del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, quien había planteado que el bagayeo forma parte de una dinámica económica instalada desde hace años en la frontera y había pedido alternativas para las personas que dependen de esa actividad.
Qué distingue la ley
El término bagayeo describe coloquialmente distintas formas de traslado de mercadería en la frontera, pero no constituye por sí mismo una categoría jurídica.
El Código Aduanero tipifica diferentes conductas vinculadas con el contrabando y contempla además la figura de contrabando menor. En determinados supuestos, según el valor y las características de la mercadería y los antecedentes del caso, una conducta puede ser considerada una infracción aduanera y no un delito penal.
La normativa también establece excepciones en las que el hecho mantiene carácter delictivo aun cuando el valor de la mercadería se encuentre dentro de los parámetros previstos para el contrabando menor.
Por eso, la definición jurídica depende de las circunstancias concretas de cada procedimiento y no puede determinarse únicamente por la denominación informal de la actividad.
El Gobierno defendió el Plan Güemes
Culatto también rechazó las críticas sobre una supuesta reducción de los controles en la frontera. Afirmó que durante el último año aumentaron 500% los controles de personas y 600% los de vehículos y sostuvo que durante 2026 continuaron creciendo los operativos y las incautaciones.
Esos porcentajes fueron expuestos por el funcionario durante la entrevista, pero no estuvieron acompañados por una base estadística pública que permita conocer el período y la metodología utilizados para la comparación.
La discusión combina así dos planos diferentes: el control del contrabando y otras actividades ilegales en la frontera, y el impacto social de una economía informal de la que dependen habitantes de la zona. El Plan Güemes continuará siendo la principal herramienta de Nación para reforzar la presencia federal en ese territorio.