Los fondos que debían arreglar rutas terminaron comprando deuda del Tesoro
Política Institucional
Los fideicomisos estatales acumularon un superávit cercano a los 3.000 millones de dólares en los dos primeros años de gestión. Son recursos con destino fijado por ley para obras, y una parte importante se volcó a letras y títulos públicos.
Los fondos fiduciarios que siguen en funcionamiento recaudaron más de 8,2 billones de pesos durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. De esa recaudación, una porción alta no fue a las obras para las que estaba asignada: terminó en la compra de letras y títulos públicos que ayudaron a sostener el déficit cero.
El superávit financiero de esos fideicomisos llegó a 1,86 billones de pesos en 2024 y a 1,23 billones en 2025. Al tipo de cambio oficial promedio de cada año, son 1.978 millones de dólares y 973 millones respectivamente. Cerca de 3.000 millones de dólares en total.
Los fondos fiduciarios son cajas del Estado con recursos que la ley destina a un fin específico: rutas, agua, subsidios al gas, vivienda. No son partidas de libre disponibilidad.
Cuánto se ejecutó y cuánto quedó en el banco
Las planillas oficiales muestran el tamaño de la brecha. En 2024 los fondos ejecutaron el 55,8% de lo que recaudaron. En 2025, el 69,5%. En el primer trimestre de este año, el 69,7%.
Lo que no se ejecutó pasó a colocaciones financieras administradas por el Ministerio de Economía. Y cambió la estrategia: donde antes había plazos fijos en el Banco Nación, ahora hay compra directa de instrumentos de deuda del Tesoro.
Para este ejercicio, las planillas presupuestarias estiman que esas colocaciones en letras, bonos, títulos y plazos fijos llegarán a 1,33 billones de pesos. Eso le habilita a Economía unos 880 millones de dólares adicionales salidos de las cajas fiduciarias. Las proyecciones privadas calculan que el excedente acumulado bajo este esquema rozará los 4.000 millones de dólares al cierre del tercer año de gobierno.
Los datos surgen del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Rutas, agua y barrios populares
De los 29 fideicomisos vigentes o en liquidación, los recortes más fuertes se concentraron en tres frentes que en el norte salteño son el problema de todos los días.
El Fondo de Integración Socio Urbana, destinado a infraestructura básica y vivienda en barrios populares, redujo sus transferencias un 94%. Quedaron parados 636 proyectos en todo el país.
Algo parecido pasó con el Sistema de Infraestructura del Transporte y con el Fondo de Infraestructura Hídrica. En los dos casos, las inversiones financieras dispuestas por el Ejecutivo superaron ampliamente los montos que se volcaron a obra real: rutas, mantenimiento vial y saneamiento.
El componente vial de ese sistema, el SisVial, ya había quedado expuesto meses atrás por no distribuir la mayor parte de su patrimonio al arreglo de rutas.
Hay un dato que se lee mejor al lado de otro. La Construcción es el sector que más empleo formal perdió desde noviembre de 2023: 62.747 puestos, una caída del 14,2%, la más profunda de los catorce rubros que releva la Secretaría de Trabajo. La obra pública frenada es una de las razones de ese número.
Mientras tanto, el economista Carlos Melconian planteó que el Gobierno enfrenta tres objetivos que ya no puede cumplir a la vez: bajar la inflación, reactivar la economía y acumular reservas. «Las tres cosas juntas no va a poder ser», dijo.
No se informó qué proporción de los 636 proyectos frenados corresponde a Salta ni cuáles son.