La industria pesquera pide extender las sanciones por Malvinas
El planteo busca que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas reciban un tratamiento similar al endurecimiento aplicado sobre la actividad petrolera. Por ahora, no existe una medida oficial equivalente para la pesca.
La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera pidió al Gobierno nacional ampliar hacia la actividad pesquera la estrategia de sanciones que Argentina comenzó a aplicar contra empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
El reclamo aparece después de que la Cancillería iniciara procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por su presunta participación en actividades petroleras sin autorización argentina. La medida se apoya en la Ley 26.659, que regula específicamente la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y reforzó los mecanismos para detectar posibles incumplimientos. Las actuaciones pueden alcanzar a operadores, accionistas y prestadores de servicios vinculados con esos proyectos.
La pesca presenta un escenario diferente. La administración británica de las islas otorga desde hace décadas licencias para operar alrededor del archipiélago y esa actividad representa una fuente relevante de ingresos.
Las estadísticas publicadas por la propia administración de las islas muestran que durante 2024 la captura comercial total alcanzó 261.903 toneladas. El calamar Illex representó 146.689 toneladas, más de la mitad del volumen registrado durante ese año.
El planteo del sector pesquero argentino apunta a utilizar sobre esas operaciones una herramienta similar a la aplicada sobre los hidrocarburos. Sin embargo, actualmente los dos sectores no están regulados por el mismo esquema de sanciones.
Argentina ya puede sancionar embarcaciones extranjeras detectadas pescando ilegalmente dentro de espacios marítimos bajo jurisdicción nacional. El pedido ahora apunta a otra cuestión: las empresas que adquieren licencias expedidas por la administración británica para operar alrededor de Malvinas.
La discusión ganó peso con el avance del proyecto petrolero Sea Lion. El Gobierno argentino endureció su estrategia contra las compañías involucradas y abrió procedimientos para determinar responsabilidades bajo la legislación nacional.
Por ahora, el pedido de extender ese criterio a la pesca pertenece a una organización del sector y no constituye una decisión del Poder Ejecutivo. No se anunció una modificación legal, un decreto ni un procedimiento sancionatorio específico contra quienes operan con licencias pesqueras otorgadas desde las islas.