La Fiscalía investiga contrataciones municipales por lavado en Aguas Blancas
La Justicia Federal investiga si la Municipalidad de Aguas Blancas fue utilizada para dar apariencia legal a dinero presuntamente proveniente del narcotráfico y el contrabando. El exintendente Carlos “Conejo” Martínez se entregó el miércoles en Orán. Once personas fueron imputadas y siete quedaron con prisión preventiva.
La investigación federal sobre una presunta organización dedicada al lavado de activos en el norte salteño incorporó una acusación de alcance institucional: la Fiscalía sostiene que la Municipalidad de Aguas Blancas habría sido utilizada para justificar movimientos de dinero de origen ilícito mediante contrataciones de servicios y operaciones con empresas vinculadas a los investigados.
La hipótesis fue expuesta durante una audiencia realizada el martes 6 de octubre ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Los fiscales formalizaron la investigación contra once personas por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo.
Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas y señalado por los investigadores como presunto responsable de la organización, no participó de esa audiencia. Permanecía prófugo desde los procedimientos realizados el sábado anterior y se presentó voluntariamente el miércoles 7 de octubre en la Comisaría N.º 4 del barrio Aeroparque, en Orán, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.
Su situación procesal debía tratarse en una audiencia posterior a la de los otros once investigados. Hasta la mañana de este jueves no se había podido confirmar una nueva resolución judicial sobre su imputación y las medidas de coerción que podrían corresponderle en este expediente.
Cómo habría funcionado el circuito de lavado
La acusación fue presentada por los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Velasco, con intervención de equipos especializados de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Según la reconstrucción fiscal difundida tras la audiencia, la presunta organización habría recurrido a un conjunto de sociedades y operaciones comerciales para incorporar dinero procedente del narcotráfico y el contrabando al circuito económico formal.
El auxiliar fiscal Alberto Barbuto explicó que el mecanismo investigado contempla tres etapas. La primera consiste en introducir fondos de origen delictivo en operaciones económicas. La segunda implica distribuirlos mediante cuentas, empresas y contrataciones para dificultar su seguimiento. La tercera busca que esos recursos regresen al patrimonio de sus beneficiarios con una apariencia de legalidad.
En ese esquema, determinadas contrataciones municipales habrían funcionado como respaldo documental de operaciones utilizadas para justificar ingresos y egresos de dinero.
La Fiscalía deberá demostrar qué contrataciones estuvieron involucradas, cómo circularon los fondos, quiénes participaron y qué relación existía entre las operaciones y las actividades delictivas investigadas.
Durante la audiencia, Villalba también sostuvo que Martínez habría destinado dinero en dólares a la compra de votos durante las elecciones municipales de 2023 y que, después de asumir como intendente, habría ampliado la estructura investigada.
El fiscal mencionó además presuntos mecanismos de protección mediante contactos con integrantes de fuerzas de seguridad y otros actores institucionales. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y todavía deben ser examinadas en el proceso judicial.
Los investigadores sostienen que algunas de las actividades atribuidas a la organización habrían continuado incluso después de la salida de Martínez de la intendencia, en septiembre de 2024.
Una investigación que alcanza a la estructura municipal
La situación institucional de Aguas Blancas ya había motivado una intervención provincial dos años atrás.
El 26 de septiembre de 2024, la Legislatura de Salta sancionó la Ley 8453, que dispuso la intervención del Departamento Ejecutivo municipal. La norma fue promulgada el 30 de septiembre y estableció el cese del intendente en ejercicio.
Mediante el Decreto 606, el Gobierno provincial designó a Adrián Zigarán como interventor.
La medida se produjo en medio de una crisis institucional vinculada con investigaciones judiciales que involucraban a Martínez, aunque ese proceso debe distinguirse de las acusaciones de lavado de activos presentadas ahora ante la Justicia Federal.
La nueva investigación demandó aproximadamente dos años de trabajo y derivó en 32 allanamientos realizados en Orán, localidades cercanas y la capital salteña.
Durante los procedimientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos y documentación contable. El análisis de esos elementos será parte de las próximas medidas probatorias.
En la audiencia del martes, el juez Montoya dispuso la prisión preventiva de siete de los once imputados. Los otros cuatro quedaron en libertad bajo restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de permanecer sometidos al proceso.
El magistrado también estableció un plazo de seis meses para continuar la investigación y rechazó el pedido fiscal de declarar la causa de trámite complejo.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena. Del mismo modo, la formalización de una investigación permite avanzar con la producción de pruebas, pero no establece por sí misma la responsabilidad penal de los acusados.
La etapa que comienza será determinante para verificar el presunto circuito financiero, establecer si existieron contrataciones municipales utilizadas para encubrir fondos ilícitos y precisar la participación atribuida a cada investigado.
También resta conocer la resolución judicial sobre la situación de Martínez tras su entrega. Hasta que esas cuestiones sean resueltas, la utilización del municipio para lavar dinero continúa siendo una hipótesis de la acusación fiscal, no un hecho judicialmente probado.