La causa por trata de alumnas podría llegar a juicio en 2027
La investigación federal que comenzó con tres víctimas identificadas ya reúne 33 y tiene nueve personas imputadas. Una nueva prórroga lleva la etapa investigativa hasta aproximadamente noviembre y, según estimó el Defensor Público de Víctimas Nicolás Escándar, el juicio podría comenzar entre marzo y abril de 2027.
La causa que investiga la presunta captación y explotación sexual de alumnas de colegios secundarios de Salta se acerca a una instancia decisiva.
La investigación recibió una prórroga de tres meses para completar las medidas pendientes. Si ese trabajo termina dentro del plazo previsto, la Fiscalía podría quedar en condiciones de avanzar hacia la acusación formal durante noviembre.
Ese paso todavía no ocurrió y tampoco existe una fecha de juicio fijada.
La posibilidad de que el debate oral comience entre marzo y abril de 2027 fue planteada por Nicolás Escándar, Defensor Público de Víctimas que interviene en representación de parte de las adolescentes. Se trata de una estimación sobre los tiempos que podría demandar el proceso después del cierre de la investigación.
La causa creció considerablemente desde sus primeros meses.
Cuando se formalizó la investigación federal en septiembre de 2025 había cuatro adultos imputados y tres víctimas identificadas. Con el avance de las medidas judiciales se incorporaron nuevos acusados y nuevas adolescentes al expediente.
Actualmente hay nueve personas imputadas y 33 víctimas identificadas.
Qué investiga la Justicia
La hipótesis de la Fiscalía Federal sostiene que existió una estructura dedicada a captar alumnas de distintos colegios secundarios para explotarlas sexualmente.
Ocho de los nueve imputados fueron acusados como presuntos coautores del delito de trata de personas con fines de promoción, facilitación y explotación sexual, con agravantes vinculados, entre otros puntos, con la minoridad y vulnerabilidad de las víctimas.
Sobre algunos de los acusados pesan además imputaciones por otros delitos.
La investigación incorporó información extraída de teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados, reportes de transferencias bancarias, registros vinculados con redes sociales y testimonios de las víctimas.
Parte de ese material todavía debe terminar de analizarse.
La cantidad de personas involucradas y el volumen de dispositivos sometidos a peritajes son algunos de los motivos que extendieron los plazos de investigación.
Según Escándar, la causa se encuentra cerca del cierre de esa etapa. La mayoría de los imputados continúa privada de libertad y dos cumplen prisión domiciliaria.
De tres víctimas a 33
Uno de los cambios centrales desde el inicio del expediente fue la dimensión que alcanzó la investigación.
Las primeras medidas permitieron identificar nuevos casos y ampliar las imputaciones. El Ministerio Público Fiscal informó anteriormente que el número de víctimas había pasado de tres a 33 y que no se descartaba que pudieran aparecer otras adolescentes afectadas.
La causa también incorporó entrevistas realizadas bajo mecanismos especiales de protección y acompañamiento para evitar una exposición innecesaria de las víctimas.
Ese punto es central: las adolescentes no están siendo investigadas. Son consideradas víctimas dentro de una causa penal en la que el Estado debe preservar su identidad y garantizar su protección durante todo el proceso.
El expediente está bajo intervención de la Justicia Federal de Salta y cuenta con participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
El siguiente paso dependerá de que finalicen las medidas pendientes y de la decisión que adopte la Fiscalía con el conjunto de las pruebas reunidas.
Si durante noviembre se presenta una acusación formal, comenzará otra etapa procesal antes de que pueda fijarse el juicio oral.
Por eso marzo o abril de 2027 no constituyen todavía una fecha judicial.
Es, por ahora, la proyección del defensor de víctimas sobre una causa que se aproxima al final de su investigación, pero en la que las nueve personas involucradas continúan en condición de imputadas y no existe una sentencia que determine responsabilidades.
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