En Salvador Mazza, un fiscal vuelve a reclamar un centro 911
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, volvió a reclamar la instalación de un centro 911 con videovigilancia en la localidad y propuso extender el uso voluntario de dispositivos GPS en motos y camionetas como herramienta para reducir los tiempos de respuesta frente al robo de vehículos.
El planteo apunta a una dificultad propia de la frontera seca con Bolivia: un vehículo sustraído puede abandonar el país en pocos minutos por pasos formales o alternativos.
Cazón sostuvo que un sistema de cámaras coordinado desde Salvador Mazza permitiría seguir movimientos en tiempo real y articular con mayor rapidez la intervención de las fuerzas de seguridad.
La propuesta no constituye una medida aprobada ni existe, por ahora, un anuncio oficial con presupuesto o fecha para implementar el sistema reclamado.
El antecedente de 2021
El pedido tiene un antecedente institucional.
En mayo de 2021, los gobiernos provincial y nacional anunciaron que trabajaban en un proyecto para instalar monitoreo permanente en puntos estratégicos de Salvador Mazza.
El esquema contemplaba integrar cámaras de seguridad de la frontera con el Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 911 con sede en Tartagal.
Días después, autoridades de ambos gobiernos recorrieron la frontera seca y evaluaron sectores donde se instalaría un sistema de monitoreo inteligente conectado con esa infraestructura.
Cinco años después, no encontramos información oficial que permita confirmar que aquel proyecto haya entrado en funcionamiento en los términos anunciados.
El nuevo reclamo de Cazón vuelve a colocar esa necesidad en agenda, aunque ahora propone que Salvador Mazza cuente directamente con capacidad de monitoreo y coordinación inmediata.
Un robo volvió a mostrar la velocidad de la frontera
La discusión tomó impulso después de distintos robos de vehículos registrados en la zona.
El 14 de agosto fue sustraída una camioneta de un lavadero de Salvador Mazza. La investigación permitió establecer posteriormente que el vehículo habría cruzado hacia Bolivia.
Cuatro días después, la Fiscalía solicitó la captura nacional e internacional de uno de los sospechosos, ante indicios de que se encontraba del lado boliviano. La camioneta había sido detectada mediante cámaras de seguridad en Yacuiba.
Ese tipo de casos es utilizado por el fiscal para sostener que la velocidad de detección resulta determinante en una zona donde el límite internacional puede atravesarse rápidamente.
Cazón también propuso promover la instalación voluntaria de GPS en vehículos particulares, de manera que sus propietarios puedan conocer su ubicación en caso de robo.
El planteo no establece una obligación para los usuarios ni existe actualmente una norma provincial que imponga esa medida.
Por ahora, tanto el centro 911 como la expansión del uso de GPS forman parte de una propuesta del fiscal. Lo que todavía falta es una definición oficial sobre si el sistema será implementado, con qué alcance y bajo qué presupuesto.