En Orán imputaron a Martínez como presunto jefe de una asociación ilícita
El exintendente de Aguas Blancas recibió dos meses de prisión preventiva en una investigación federal por presunto lavado de activos. La Fiscalía sostiene que encabezaba una organización vinculada con fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando.
Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso dos meses de prisión preventiva y estableció un plazo de seis meses para continuar la investigación.
La decisión se conoció después de que Martínez se presentara voluntariamente el miércoles 7 de octubre en una dependencia policial de Orán. Era buscado desde los allanamientos realizados el sábado anterior, cuando Gendarmería Nacional ejecutó 32 procedimientos en distintos puntos de Salta.
La nueva audiencia permitió formalizar la acusación contra el exfuncionario, cuya situación procesal había quedado pendiente después de la imputación de otras once personas vinculadas con la misma investigación.
En representación del Ministerio Público Fiscal participaron Mariana Gamba Cremaschi y Ezequiel Coscia, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noroeste Argentino (PROCUNAR NOA), junto con Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
La acusación y los fundamentos de la prisión preventiva
Según la hipótesis fiscal, Martínez habría encabezado una organización dedicada a incorporar al circuito económico formal dinero procedente del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.
La investigación también busca determinar si determinadas contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas fueron utilizadas para justificar movimientos de fondos presuntamente ilícitos.
Esta línea de investigación ya había sido expuesta durante la audiencia del martes 6 de octubre, cuando once personas quedaron formalmente imputadas. Siete recibieron prisión preventiva y otras cuatro continuaron el proceso bajo medidas restrictivas.
En la audiencia posterior, los fiscales solicitaron la prisión preventiva de Martínez al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Entre los argumentos presentados mencionaron su conducta después de los allanamientos, su capacidad económica y sus vínculos en una localidad fronteriza con Bolivia.
La defensa cuestionó la medida y presentó argumentos relacionados con su estado de salud. Sin embargo, la documentación aportada no resultó suficiente para modificar la decisión judicial.
El magistrado ordenó su traslado al penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta.
La situación de Martínez representa un nuevo avance procesal en una causa que también investiga el posible uso de estructuras municipales para operaciones de lavado de dinero.
La imputación y la prisión preventiva no constituyen una condena. La Fiscalía deberá demostrar la existencia de la organización investigada, el origen ilícito de los fondos y la responsabilidad atribuida al exintendente y a los demás acusados.
El plazo de seis meses permitirá continuar con las medidas probatorias y avanzar en el análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados durante los allanamientos.