El proyecto sobre Malvinas enfrenta objeciones por sus medidas de seguridad
Diputados convocó un plenario para el martes 27 de octubre. La iniciativa combina sanciones por explotación de recursos naturales con cambios en seguridad nacional que recibieron cuestionamientos públicos.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional volverá a discutirse en un plenario de comisiones de Diputados el martes 27 de octubre, a las 16. La convocatoria reúne a Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La reunión está confirmada, pero eso no asegura la firma de un dictamen.
El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa el 17 de septiembre. Su alcance excede las actividades vinculadas con Malvinas: además de ampliar las sanciones por explotación de recursos naturales sin autorización argentina, propone un sistema de seguridad nacional y cambios en el Código Penal.
Las diferencias quedaron expuestas en el debate público del 14 de octubre. La diputada Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, defendió la propuesta y sostuvo que el oficialismo había considerado opiniones de distintos bloques, incluidos los que pedían más tiempo para discutirla.
Desde el MID, Eduardo Falcone objetó las facultades contempladas para determinadas intervenciones militares. Planteó que, ante situaciones como el hundimiento de un buque militar extranjero, debía contemplarse la autorización del Congreso.
Mónica Frade, de la Coalición Cívica, cuestionó que la iniciativa reuniera disposiciones que exceden la cuestión Malvinas. Esteban Paulón, de Provincias Unidas, también criticó el alcance del Consejo de Seguridad Nacional propuesto y las atribuciones que el texto asignaría al Ejecutivo.
Qué contiene el texto original
El proyecto establece un régimen sancionatorio para actividades no autorizadas relacionadas con recursos naturales renovables y no renovables. Contempla multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones, además de modificaciones penales.
También propone crear un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente e integrado por funcionarios del Ejecutivo. Su función sería conducir y coordinar políticas en ámbitos que incluyen defensa, inteligencia, diplomacia, economía y ciberseguridad.
Otro punto es el artículo 111. El texto original prevé penas de cinco a doce años de prisión para determinadas conductas realizadas por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero. Incluye campañas coordinadas de desinformación masiva destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública, y la promoción o financiación de violencia o sabotaje.
Es una propuesta legislativa: esas disposiciones no deben presentarse como nuevas sanciones ya vigentes.
El próximo paso será el plenario convocado en el segundo piso del Anexo C. Allí deberá comprobarse si existe acuerdo para emitir dictamen y qué redacción reúne las firmas. Los cambios que se negocien deberán cotejarse con el documento que finalmente se presente.