El incentivo docente sigue congelado en $28.700 y Salta abandonó el reclamo
Política Institucional
La Provincia acordó con Nación una deuda de $265.914 millones y, dentro del mismo convenio, desistió del amparo que había presentado en 2024 por el FONID. El monto que cobran 30 mil docentes no se actualiza desde entonces.
Un docente salteño cobra hoy $28.700 por cargo en concepto de incentivo. Es el mismo valor que tenía el Fondo Nacional de Incentivo Docente cuando Nación dejó de transferirlo, en 2024. Desde entonces no se movió, mientras los precios y los salarios sí lo hicieron. El martes, el Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial un convenio con Nación que, entre otras cosas, deja sin efecto el juicio que podía haber cambiado esa situación.
El acuerdo está incorporado al Decreto 493/26 y forma parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un mecanismo que compensa lo que cada jurisdicción le debe a la otra. Salta reconoce obligaciones con el Estado nacional por $267.782.530.505,63. Nación reconoce una deuda con la Provincia de $1.868.473.048,25, por un acuerdo de obras públicas de vivienda. Compensados los dos montos, queda un saldo de $265.914.057.457,38 a favor de Nación.
En el mismo instrumento, la Provincia acepta desistir de la acción y del derecho en tres expedientes iniciados contra el Gobierno nacional. Uno es el amparo por el FONID, caratulado CSJ 529/2024. Los otros dos son actuaciones de 2019 por los decretos que modificaron Ganancias e IVA. Ningún funcionario explicó si el desistimiento fue una condición del acuerdo de pago. Lo que está publicado es que ambas cosas viajan en el mismo decreto.
De dónde salió la deuda
El origen es un anticipo financiero de $259.000 millones que Salta pidió en abril, cuando cayeron los recursos de coparticipación. Nación lo giró en tres desembolsos: $120.000 millones en abril, $60.000 millones en mayo y $79.000 millones en junio, a una tasa nominal anual del 15%. La devolución original estaba prevista en cuatro cuotas mensuales desde agosto. El convenio nuevo cambia esas condiciones y estira los plazos.
Al anticipo se le sumaron $7.986.164.383,56 de intereses acumulados hasta el 29 de julio y $796.366.122,07 por fondos no rendidos del Fondo Federal Solidario. Así se llega a los $267.782 millones que la Provincia reconoce.
El cronograma que fija el decreto:
- 2026: $77.700 millones en cuatro cuotas iguales de $19.425 millones, entre agosto y noviembre
- Diciembre de 2026: $7.986.164.383,56 en una sola cuota, más los intereses generados desde la firma
- 2027: $180.227.893.073,82 en siete cuotas de unos $25.746,8 millones, de junio a diciembre
Las tres cifras suman exactamente el saldo compensado. El 68% del total queda concentrado en el segundo semestre de 2027. Estirar los plazos tiene costo: desde el 1 de enero de 2027 el capital pendiente sigue devengando el 15% anual, con intereses pagaderos todos los meses. El cobro no depende de que la Provincia gire el dinero: se hace por retención directa sobre los recursos de coparticipación federal que le corresponden a Salta.
Lo que cobra el docente
El reclamo judicial había empezado en abril de 2024, cuando la gestión de Gustavo Sáenz presentó el amparo ante la Corte Suprema contra los ministerios de Economía y Capital Humano, después de que el Gobierno de Javier Milei cortara las transferencias del incentivo y de los fondos de conectividad. Un mes antes, la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, había advertido en el Senado provincial que Nación había dejado de girar alrededor de $1.600 millones mensuales por ese concepto.
Mientras el expediente avanzaba, la Provincia decidió cubrir la caída con fondos propios. Hoy el beneficio alcanza a unos 30 mil docentes y representa una erogación provincial cercana a los $1.100 millones por mes, según datos del Ministerio de Educación. Pero el monto por cargo quedó clavado en los $28.700 originales.
La Asociación Docente Provincial calculó, antes de la última paritaria, que si esa suma se hubiese actualizado por la inflación acumulada debería ubicarse entre $100.000 y $150.000 por cargo. Es decir, entre tres y cinco veces lo que se paga. Por eso el gremio pidió incorporar el concepto al salario básico: de esa manera dejaría de ser una suma fija y se movería con cada aumento del sector.
Con el desistimiento, la vía judicial para recuperar los fondos nacionales queda cerrada. El incentivo sigue existiendo, lo paga la Provincia, y su actualización pasa a depender exclusivamente de una decisión política provincial o de la mesa paritaria.