El Gobierno acelera sanciones por Malvinas y prepara una nueva ley
El Ejecutivo puso en marcha procedimientos contra 45 personas y empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en las islas, presentó una denuncia penal contra cinco compañías y anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Gobierno nacional avanzó en los últimos días con una serie de medidas administrativas, judiciales y legislativas vinculadas al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció nuevos plazos para tramitar sanciones contra personas o empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en áreas alcanzadas por la normativa.
A partir del nuevo procedimiento, los organismos nacionales deberán comunicar a Cancillería posibles infracciones dentro de los cinco días hábiles desde que tomen conocimiento. Una vez abierto un sumario, el presunto infractor tendrá diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.
La legislación vigente contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años y, cuando corresponda, la reversión de concesiones hidrocarburíferas.
Procedimientos y denuncia penal
El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas. Según el comunicado oficial, las actuaciones alcanzan no solo a compañías vinculadas directamente con la exploración y explotación, sino también a accionistas y prestadores de servicios.
Tres días después, el Gobierno anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades en la Cuenca Malvinas Norte: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La presentación también alcanza a directivos, administradores y representantes que eventualmente hayan intervenido en las conductas investigadas. El avance de las actuaciones no implica una condena: tanto los procedimientos administrativos como la denuncia deberán atravesar las instancias correspondientes.
El Decreto 868 también incorpora controles sobre el cumplimiento de la Ley 26.659 para proyectos que busquen ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y para quienes soliciten permisos, concesiones o autorizaciones hidrocarburíferas.
En paralelo, el Ejecutivo anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Según la información oficial difundida el 3 de septiembre, la iniciativa prevé crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer regímenes de protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.
El envío fue anunciado formalmente, pero el proyecto todavía debe ingresar al Congreso y atravesar el debate legislativo. Hasta entonces, las medidas efectivamente vigentes son las establecidas por el decreto y los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados.