Dos Senados mueven la agenda productiva de Salta con deuda y bioetanol
El Senado nacional aprobó una reforma que llevaría el corte obligatorio de bioetanol al 15%, mientras que el Senado salteño autorizó dos operaciones financieras por hasta US$250 millones. Las decisiones avanzaron el mismo 17 de septiembre, pero corresponden a procesos independientes.
Dos votaciones realizadas el jueves 17 de septiembre abrieron cambios sobre áreas productivas de Salta. En Buenos Aires, el Senado de la Nación aprobó la reforma del régimen de biocombustibles y la envió a Diputados. En Salta, la Cámara de Senadores sancionó dos autorizaciones financieras solicitadas por el Ejecutivo provincial y las remitió para su promulgación.
Los procesos no están vinculados entre sí. El punto de contacto está en sus efectos potenciales sobre sectores productivos de la provincia: el nuevo régimen nacional podría modificar la demanda de bioetanol, un combustible que ya se produce en el departamento Orán, mientras que parte del financiamiento provincial está destinado a infraestructura logística, vial y de servicios asociada al desarrollo económico.
El bioetanol pasaría al 15%
La reforma nacional fue aprobada en el Senado por 41 votos contra 25. El proyecto mantiene inicialmente el actual esquema del bioetanol y establece que, doce meses después de la sanción de la ley, el porcentaje obligatorio en las naftas deberá alcanzar el 15%.
Para el biodiésel, utilizado en la mezcla con gasoil, el proyecto prevé que el corte obligatorio llegue al 10% también después de los primeros doce meses.
La iniciativa todavía no es ley. Después de la aprobación del Senado debe ser tratada por la Cámara de Diputados.
El cambio tiene un vínculo directo con el norte salteño. El complejo industrial de Seaboard Energías Renovables y Alimentos, en El Tabacal, departamento Orán, produce bioetanol a partir de caña de azúcar y durante 2026 inició su zafra número 107.
La empresa informó durante el comienzo de esa campaña que evalúa ampliar su capacidad de fermentación y destilación si el marco regulatorio nacional genera condiciones para nuevas inversiones. Un aumento del corte obligatorio implicaría una mayor demanda nacional del producto, aunque cuánto correspondería específicamente a las plantas salteñas dependerá de las reglas de abastecimiento y distribución que finalmente establezca la norma.
El proyecto también modifica gradualmente el esquema de participación de las empresas productoras de biodiésel hasta 2036. Ese componente fue uno de los puntos negociados antes de la votación del Senado.
Salta quedó autorizada a tomar hasta US$250 millones
Ese mismo jueves, pero en la Legislatura provincial, el Senado salteño sancionó por unanimidad dos proyectos que habilitan operaciones financieras por un máximo conjunto de US$250 millones. Participaron 19 senadores.
La primera autorización permite al Poder Ejecutivo emitir títulos de deuda en dólares por hasta US$150 millones en el mercado local de capitales.
El destino está expresamente limitado al pago de capital e intereses pendientes del título del Plan Bicentenario emitido en 2016. El cronograma oficial contempla vencimientos en diciembre de 2026, junio de 2027 y diciembre de 2027.
La operación, por lo tanto, no tiene como destino nuevas obras: busca refinanciar obligaciones ya existentes mediante una nueva colocación de deuda.
La segunda autorización tiene otra finalidad. Permite contratar hasta US$100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, integrante del Banco Mundial, para el programa de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo en Salta.
El préstamo tiene un plazo de amortización de 32 años, siete años de gracia y un período previsto de desembolsos de seis años.
Entre las intervenciones anunciadas para ese programa aparecen la rehabilitación de 24 kilómetros de la Ruta Nacional 51 entre Campo Quijano y Los Chorrillos, mejoras en el Nodo Logístico y Parque Industrial de General Güemes y obras de agua y saneamiento en Olacapato y San Antonio de los Cobres.
El proyecto también incluye modernización de sistemas vinculados con la gestión y fiscalización minera.
Los dos financiamientos provinciales ya completaron su tratamiento legislativo y fueron enviados al Poder Ejecutivo para su promulgación. La reforma nacional de biocombustibles, en cambio, todavía necesita la aprobación de Diputados antes de poder convertirse en ley.