Cazón propone GPS voluntarios para vehículos que circulan en la frontera
El fiscal de Salvador Mazza plantea combinar dispositivos privados de rastreo con una mayor cobertura de cámaras y monitoreo en tiempo real. La iniciativa todavía no se convirtió en un proyecto formal.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, propuso extender el uso voluntario de dispositivos GPS en motos, autos y camionetas como herramienta para reaccionar con mayor rapidez ante robos de vehículos en la frontera con Bolivia.
El planteo surge de investigaciones recientes en las que vehículos sustraídos en territorio argentino cruzaron el límite internacional antes de poder ser recuperados. En una frontera con numerosos pasos alternativos, unos pocos minutos pueden modificar la jurisdicción y obligar a coordinar la búsqueda con autoridades bolivianas.
Cazón sostuvo, en una entrevista publicada por El Tribuno, que la instalación debería quedar a elección del propietario. También planteó que la ubicación física del dispositivo sea privada y conocida únicamente por el titular del vehículo.
El fiscal indicó que mantiene conversaciones con legisladores nacionales sobre la posibilidad de impulsar el uso de esta herramienta, aunque hasta el momento no se identificó un proyecto legislativo presentado ni una norma que establezca su implementación.
La propuesta se suma a un reclamo anterior del fiscal para ampliar el sistema de videovigilancia en Salvador Mazza y otros puntos sensibles de la frontera. En agosto había planteado la incorporación de unas 200 cámaras conectadas a un esquema de monitoreo en tiempo real.
El 911 funciona como canal para comunicar emergencias en la zona. De hecho, la Policía de Salta lo utiliza como número de contacto en investigaciones desarrolladas en Salvador Mazza. El planteo de Cazón apunta a otra capacidad: disponer de cámaras observadas en tiempo real y coordinar una respuesta inmediata con las fuerzas desplegadas en frontera.
La velocidad de reacción tiene una consecuencia adicional cuando intervienen vehículos robados. Una vez que el rodado ingresa a Bolivia, la búsqueda requiere cooperación entre organismos de ambos países. Esa coordinación ya existe: en septiembre, policías argentinos y bolivianos participaron de un procedimiento conjunto por una motocicleta robada que fue localizada cerca de un paso no habilitado.
Por ahora, el GPS voluntario es una propuesta del fiscal y no una política pública aprobada. Tampoco existe información oficial sobre un cronograma o financiamiento para ampliar la red de cámaras planteada para Salvador Mazza.