Bolivia juzga a ocho guaraníes salteños por tierras que declaró argentinas
Los acusados son miembros de la comunidad Tape Iguapegui, de General Mosconi. Dos organismos del propio Estado boliviano dictaminaron entre 2023 y 2024 que el predio en disputa no existe y que las coordenadas corresponden a territorio argentino.
Ocho integrantes de la comunidad ava guaraní Tape Iguapegui, de General Mosconi, son juzgados este lunes por un tribunal de Bolivia. La causa tramita ante el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer 2 de Tarija, a cargo de la jueza Minerva Tárraga Gutiérrez, y los acusa de turbaciones y daños.
Entre los acusados está Natalí Vásquez, cacique de la comunidad de Churqui. Otras dos mujeres y cinco miembros más de la comunidad completan el grupo. Ninguno puede presentarse en la audiencia: sobre todos ellos pesan órdenes de detención vigentes en territorio boliviano.
La alternativa es la videollamada. Para conseguir señal, los acusados deben caminar hasta la orilla salteña del río Grande de Tarija. Tampoco cuentan con un abogado que los represente desde el lado argentino.
El territorio en disputa está en las serranías occidentales del departamento San Martín, sobre la banda fronteriza del río Grande de Tarija. Los parajes involucrados son Churqui, Aujoncito, San Telmo, Volcán, Algarrobito y Media Luna.
Qué dicen los organismos bolivianos
La denuncia contra los guaraníes la presentó Horacio Cruz Castro, productor cañero de Bermejo, que reclama derechos de propiedad sobre un predio que denomina Isla Valle Dorado.
Sobre ese predio existen dos dictámenes de organismos del Estado boliviano, ambos emitidos a raíz de una denuncia anterior del mismo Cruz Castro, presentada en 2020 y luego desestimada en el mismo distrito judicial.
El primero es del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA. El fiscal José Gustavo Valeriano le pidió un informe y el 12 de mayo de 2023 la directora del organismo, Evelyn Elías Arroyo, respondió que tras verificar las bases de datos se evidenció que no existe el predio Isla Valle Dorado-Bermejo, y que por lo tanto no hay registro de derecho propietario a nombre de Cruz Castro ni de su esposa, Francisca Pérez Garnica.
El segundo es de la Cancillería de Bolivia. En respuesta a un requerimiento de la fiscal Jhovana Salinas Berruga, el director general de Asuntos Jurídicos, Bernardo Ortíz Cortez, precisó que las coordenadas adjuntas al pedido se encuentran en territorio argentino. El informe agrega que una de las partes del proceso tendría una confusión respecto del territorio que ocupa, cuestión que las coordenadas enviadas desvirtúan. Cruz Castro fue notificado de ese informe el 11 de enero de 2024.
Ambos dictámenes fueron puestos de manifiesto ante fiscalías de Tarija durante 2024.
La cronología
Los documentos permiten ordenar el expediente por fechas.
La primera denuncia por remoción de hitos fronterizos en esa zona data de 1994: hace 32 años. En 2020 Cruz Castro denunció por primera vez a los referentes de Tape Iguapegui y la causa se desestimó. En mayo de 2023 el INRA dictaminó que el predio no existe. En enero de 2024 la Cancillería boliviana dictaminó que las coordenadas son argentinas. En septiembre de 2025, Gendarmería Nacional constató las plantaciones en Churqui.
El 6 de enero de 2026, la jueza Tárraga Gutiérrez libró el mandamiento de aprehensión contra Natalí Vásquez, Vanesa Alemán y otros miembros de la comunidad. El 21 de abril, la fiscal Janeth Soliz Torrez insistió para que se ejecutaran las detenciones.
La orden de detención se dictó dos años y ocho meses después del dictamen del INRA y casi dos años después de que la Cancillería boliviana notificara al denunciante que esas coordenadas están en la Argentina.
La medida de la Comisión de Límites
Días atrás, la Comisión de Límites realizó una medida constatatoria en la zona, con presencia de funcionarios de los dos países. El informe oficial ratificó que los suelos ocupados y cercados en Churqui son argentinos.
Para llegar a la banda del río Grande de Tarija, la comisión mixta tuvo que rodear por territorio boliviano. Es el mismo recorrido que hacen los pobladores ava guaraníes, los docentes, los agentes sanitarios y los productores de la zona: no existe un camino transitable que conecte ese borde fronterizo con San Ramón de la Nueva Orán ni con General Mosconi.
El informe registró además una admisión de los cañeros. Consultados sobre las plantaciones desde las que se traslada caña de azúcar hacia Bolivia desde Aujoncito, sostuvieron ante los funcionarios que esas tierras están en territorio salteño y que las explotan bajo régimen de arriendo. No se informó quién figura como arrendador de tierras argentinas ni bajo qué título.
La inspección abarcó Churqui y Aujoncito. En Aujoncito vive Rosa Villa, cacique general de la comunidad Tape Iguapegui. Su testimonio no fue recogido por los funcionarios de la comisión mixta.
Lo que no está informado
Tres datos permitirían medir el alcance real del caso y hoy no figuran en ninguna fuente pública: si la Cancillería argentina se presentó en la causa de Tarija, si existe actuación de la Justicia federal de Orán o de Tartagal sobre la ocupación, y quién figura como titular registral de esas tierras del lado argentino.
REDmedios no pudo establecer, con la información disponible, el resultado de la audiencia de este lunes.