Argentina sanciona a las petroleras y ellas dicen que no las afecta
La Cancillería argentina, a través de la Oficina del Presidente de la República (OPRA), inició un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental frente a Malvinas. La medida se dictó el viernes, un día después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional un paquete de medidas sobre las islas.
Qué dice la sanción
El fundamento legal es la Ley 26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la zona sin aval del Estado argentino. La sanción no alcanza solo a las empresas extractivas: también a sus accionistas, directivos y a la red de proveedores logísticos, financieros, técnicos y de consultoría vinculada.
El decreto que acompaña la medida obliga a los organismos públicos a reportar de inmediato cualquier irregularidad detectada en la zona y veta a las empresas involucradas del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), con inhabilitaciones previstas de entre 5 y 20 años. El Gobierno además anticipó que enviará proyectos al Congreso para agravar las penas y habilitar juicios en ausencia contra los infractores.
El blanco principal es el proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas y operado por la israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration —ambas ya habían sido inhabilitadas por Argentina en 2022 y 2013, respectivamente—. La lista también incluye a la británica Borders & Southern y a la canadiense JHI.
Las respuestas: empresas, Londres y los kelpers
En un comunicado conjunto, Rockhopper y Navitas afirmaron que los anuncios no tendrán efectos materiales sobre las operaciones de Sea Lion ni sobre el cronograma de extracción, y respaldaron la validez de las licencias otorgadas por el gobierno local de las islas.
El Gobierno británico reafirmó su soberanía sobre Malvinas y confirmó que sus fuerzas armadas permanecen en alerta máxima permanente. Un vocero del primer ministro Andy Burnham calificó el compromiso británico de «absoluto e inamovible» y atribuyó los dichos de Milei a dinámicas de política interna argentina. Desde Londres citaron el referéndum de 2013, donde el 99,8% de los isleños votó por seguir siendo territorio británico de ultramar.
Jack Ford, titular de la Asamblea Legislativa de las islas, le restó importancia tanto a las declaraciones como a las eventuales sanciones, y aseguró que los habitantes seguirán operando con normalidad.
El texto completo del decreto no fue difundido, por lo que el detalle jurídico de la sanción caso por caso no está verificado de forma independiente.